Educación financiera
Informconf: informes, derechos y precauciones
Tu historial crediticio es información sobre vos que administra un tercero. Tenés derecho a conocerla, a pedir que se corrija cuando está mal y a entender cómo la usan las entidades.
Qué es un buró de información crediticia
Es una empresa que reúne información sobre el comportamiento de pago de personas y empresas y la pone a disposición de quienes tienen un interés legítimo en consultarla, típicamente entidades que están evaluando otorgar un crédito.
En Paraguay, Informconf es el nombre que se volvió sinónimo de este tipo de servicio, al punto de que la gente dice «estar en Informconf» para referirse a tener un registro negativo. Pero un informe crediticio no es una lista de morosos: contiene tanto lo que se pagó bien como lo que no.
La entidad que analiza tu crédito no ve un semáforo. Ve un historial, y lo interpreta con sus propios criterios. Por eso dos entidades pueden llegar a conclusiones distintas con exactamente la misma información.
Qué suele contener un informe
- Datos identificatorios de la persona o de la empresa.
- Obligaciones crediticias vigentes y su estado de cumplimiento.
- Registros de atrasos, con su antigüedad y su monto.
- Deudas canceladas y la fecha en que se cancelaron.
- Consultas realizadas por entidades en un período reciente.
- Información pública asociada a la persona, según lo que la normativa permita incluir.
Tus derechos sobre esa información
La información de un informe crediticio es información personal, y eso te da derechos concretos sobre ella. El primero es el de acceso: podés pedir tu propio informe y ver exactamente qué figura.
El segundo es el de rectificación: si un dato es inexacto, está desactualizado o corresponde a una deuda que ya pagaste, podés pedir que se corrija. La corrección no la hace el buró por iniciativa propia; la tenés que pedir, y conviene hacerlo con el comprobante de cancelación en la mano.
El tercero es el de conocer el uso: podés preguntar quién consultó tu informe y con qué motivo. Ejercer estos derechos es gratuito en los términos que fije la normativa vigente y no requiere intermediarios.
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